Detrás de los muros: por un nuevo modelo penitenciario
Profesionales y académicos que trabajan dentro de las cárceles buscan lanzar un proyecto de ley para cambiar el actual paradigma carcelario argentino. Ya presentaron un documento en el Congreso de la Nación. La idea es avanzar hacia un modelo alternativo más educativo y humanizado.
La Asociación Pensamiento Penal (APP) convocó al Taller Reverdecer, un voluntariado de desarrollo comunitario conformado por docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía y otras facultades de la UBA y la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal, para colaborar en la elaboración de un documento que promueva el cambio de modelo penitenciario actual. Durante el mes de junio lo presentaron en el Congreso de la Nación, ahora esperan que se convierta en proyecto de ley.
Lo novedoso de la propuesta, inspirada en el modelo vigente de la cárcel de Punta de Rieles, Uruguay, es que no está pensada desde el refuerzo de las prácticas institucionales, sino que surge de la experiencia y la reflexión de actores que intervienen cotidianamente en la cárcel, que trabajan en contextos de encierro en vinculación con la inserción social y laboral.
“El propósito es promover el reemplazo del modelo penitenciario vigente por un modelo alternativo. Comenzamos a reunirnos en la Universidad de Palermo con jueces, académicos, profesionales, estudiantes y liberados. El ex director de la cárcel de Punta de Rieles estuvo con nosotros en el Congreso para apoyar el cambio de paradigma penitenciario: tener cárceles que sean diferentes, que los guardias operen solo afuera o en los muros, y que adentro trabajen todos operadores educativos, además de que cada preso tenga su emprendimiento productivo”, aseguró María Marta Bunge, docente de la FAUBA y coordinadora del Taller Reverdecer.
Según el documento, el modelo penitenciario alternativo propone: unidades cercanas a los centros poblacionales; amplios horarios de visita; acceso a las vías de comunicación; intervención de las áreas de gobierno encargadas de la promoción social: educación, salud y trabajo; foco en las políticas pos-penitenciarias; continuidad de las trayectorias sociales inclusivas; organización del cuerpo penitenciario como cuerpo civil, no militarizado; profesionalización y educación formal de todos los operadores penitenciarios; abandono de la megalópolis carcelaria en favor de unidades pequeñas y medianas; así como “abrir” la cárcel a la comunidad y acercar la comunidad a la cárcel.
“La educación y el trabajo dentro de la cárcel están exigidos por ley, el tema es que no hay. Si la propuesta se lleva adelante las personas privadas de su libertad tendrían un trabajo y la posibilidad de mantenerlo cuando salen. La cárcel uruguaya posee un dos por ciento de reincidencia. Entonces se genera un nivel de ocupación alto, todos estudian y todos trabajan”, explicó Bunge.
Y agregó: “La idea es generar unidades de pocas personas en un espacio más amplio para poder circular. En Uruguay no hay celdas, hay casitas. Y eso también baja la violencia porque no es lo mismo que los tengan adentro de un muro pero en casas, que encerrados en una jaula. Creo que las personas privadas de su libertad que tuvieron la oportunidad y no la tomaron, o nunca la tuvieron, si están ahí es para modificar algo de su vida”.
Así, al final del documento, los participantes exponen que aunque muchas de las ideas planteadas parezcan obvias para el que desconoce el mundo de la cárcel, la realidad demuestra su dificultad. “El que un derecho como la educación o el trabajo comience a ser considerado efectivamente un derecho, una trayectoria a respetar, con objetivos propios, aparte de los objetivos penitenciarios correccionalistas, y que involucra a otras áreas de gobierno, ha significado (y significa aún pues el cambio está en proceso) una verdadera revolución”.
En este sentido, María Marta Bunge expresó: “El proyecto promueve la humanización de los penales. De las más de cien cárceles que hay en el país queremos probar con una y demostrar que sirve. Es un proceso muy lento pero debe haber un cambio social, una inserción verdadera y no un castigo. La idea es también empezar a formar a los profesionales para que trabajen en contexto de encierro, en el cambio de mentalidad está el que haya gente que quiera formarse”.
Sobre Reverdecer
El taller Reverdecer tiene como propósito capacitar a las personas privadas de su libertad para la práctica de mantenimiento de espacios verdes y el cultivo y manejo de plantas ornamentales, con la idea de que les sea útil como futura salida laboral cuando estén afuera del penal.
Es un voluntariado de desarrollo comunitario, llevado adelante por docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal. De este modo, la ACNPC les otorga la posibilidad de que aquellos que queden en libertad y se hayan capacitado trabajen en un ámbito rural en la localidad de Campana, donde pueden vivir sin costo durante cinco años, mientras construyen un futuro que les permita una vida laboral, emocional y familiar pleno e integrado a la sociedad.
